David Bravo Bueno (20 de febrero de 1978, Sevilla) es un abogado especializado en derecho informático y especialmente en propiedad intelectual. Conocido por su participación en debates o tertulias para defender el derecho a compartir cultura y conocimiento, divulgando en qué consiste el derecho a la copia privada o el término copyleft, gracias a Internet y las redes de pares (P2P) entre otras herramientas.
En marzo de 2005 publica una carta al presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en relación a la Ley sobre propiedad intelectual, a favor de compartir el conocimiento y no restringir aún más, en su opinión, los derechos de autor.
En junio del mismo año presentó Copia este libro, publicado bajo Creative Commons que, como él mismo escribió, trata de…
…las redes P2P, los medios de comunicación y su creación de una moral artificial, el canon y la cultura del miedo.
En octubre de 2006 comenzó a colaborar en el programa “Noche sin Tregua” de Paramount Comedy.
Es creador de la asociación O.S.R. junto a Alfonso Grueso y el rapero ToteKing, del que es abogado.
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Conferencia de David Bravo: Propiedad intelectual y derechos
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El genial David Bravo pone los puntos sobre las íes en el debate sobre la propiedad intelectual en una interesante conferencia llevada a cabo en Huelva en Octubre de 2009. En una primera parte, se analizan los argumentos que la SGAE ha estado esgrimiendo hasta que decidió abandonar el debate público. En la segunda parte, se analizan los fundamentos legales y las sentencias por las que queda claro que no es delictivo ni el uso de redes P2P ni la publicación de páginas con enlaces a archivos ubicados en las mismas.
La SGAE ha cobrado a la UVa más de 200.000 euros desde la implantación del canon digital
La Asociación para la Defensa de los Derechos de los Estudiantes (ADDE) elabora un estudio en el que toma los datos de los propios presupuestos de la Universidad de Valladolid
Redacción
La Universidad de Valladolid se ha visto obligada a abonar a las entidades de gestión de derechos de autor un total de 177.925 euros, cantidad a la que habría que sumar el IVA, con lo que el total de la cuantía se eleva a 206.393 euros, según un estudio de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Estudiantes (ADDE).
Este informe, que surge del análisis de las partidas presupuestarias de la institución académica de los últimos años, concluye que la universidad ha tenido que abonar 31.728 euros por la organización de sus actividades culturales (representaciones teatrales, videoforums, conciertos musicales, etc.), mientras que un total de 174.664 euros corresponden al canon que grava la adquisición de equipamientos informáticos, así como soportes de grabación digital (pendrives, CDs y DVDs), lo que supone el 85% del total.
Equipos informáticos. Por conceptos, la Universidad de Valladolid tuvo que satisfacer 113.122 euros por la adquisición de equipos informáticos, 26.881 por la compra de dispositivos de digitalización, copia e impresión; 17.928 por discos duros externos y servidores; 1.417 por grabadores y reproductores de vídeo y audio, así como 19.323 por las memorias USB, CDs y DVDs utilizados durante este tiempo, según informaron a Europa Press fuentes de ADDE.
El canon digital, implantado desde la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual, obliga a abonar a particulares, empresas e instituciones 3,95 euros por cada grabadora de DVD, 13,9 por cada disco duro (actualmente ninguno del mercado cumple los requisitos de exclusión) y entre 9,2 y 263 euros por la compra de impresoras, escaners y fotocopiadoras.
Asimismo, cada memoria USB empleada en la universidad supone un sobrecoste de 0,35 euros por unidad, mientras que CDs y DVDs soportan un gravamen de entre 0,2 y 0,69 euros cada uno.
En lo que a tarifas por “comunicación pública de obras” se refiere, la Universidad está obligada a abonar el 10% del coste de organización de cada evento musical o teatral o 16,54 euros por cada película o documental proyectada de forma gratuita en las aulas.
Hasta las tunas. “De la voracidad de las entidades de gestión de los derechos de autor”, tal y como recuerda ADDE a través del citado comunicado, no se libran ni las tunas universitarias, ya que como así denunciado recientemente el Consejo Nacional de Tunas, la SGAE está exigiendo el repertorio de estos grupos para aplicarles la tarifa correspondiente.
Los más de 175.000 euros que, de forma directa o indirecta, ha tenido que pagar la institución académica vallisoletana a entidades como la SGAE, equivalen a casi el doble del presupuesto anual conjunto de las Cátedras de cine, música, teatro, Jorge Guillén, Miguel Delibes y todo el subprograma de recursos y medios audiovisuales de la Universidad, el presupuesto anual del servicio de las telecomunicaciones e informática, así como el de los sistemas internos de garantía de la calidad para adecuar la UVA al marco de Bolonia y casi el triple del presupuesto anual de las asociaciones de alumnos de la UVA.
El fiscal lleva dos años sin responder a una denuncia contra la SGAE
Varias asociaciones acusaron a la sociedad de autores de derivar recaudación a empresas filiales los titulares eran los propios directivos de la entidad. La Fiscalía anticorrupción guarda silencio. En el mes de mayo llevará dos años, desde que se cumplió el plazo previsto en el Estatuto del Ministerio Fiscal, sin responder a una denuncia presentada el 14 de noviembre de 2007 contra la Sociedad General de autores (SGaE).
12-04-2010 - Roberto R. Ballesteros. La Gaceta Madrid .- En aquella fecha, la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Asociación de Pequeñas Empresas de Informática (Apemit) y la Asociación de Hosteleros Víctimas del Canon (Vache), con base en el artículo 264 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, pusieron en conocimiento de la Fiscalía que la SGaE derivaba parte de sus fondos -obtenidos por recaudaciones legítimas a empresas paralelas o filiales capitaneadas por los propios directivos de la Sociedad de autores. Esto incumpliría el artículo 154 de la ley de Propiedad Intelectual (LPI), que obliga a la SGaE a repartir las recaudaciones entre sus socios.
El silencio puede llevar a que prescriba el delito
Según los denunciantes, ¿del entramado societario de la SGaE parece dibujarse que estas actividades y servicios se han estado contratando y remunerando de forma directa a sus propios directivos, a través de las empresas filiales que, precisamente y al efecto, éstos han creado o dirigen”.
Los directivos de la SGaE -argumentaban las asociaciones acusadoras vienen participando en la creación y gestión de empresas filiales de la SGaE y podrían estar envueltos en una trama societaria supuestamente utilizada para la gestión fraudulenta de sus fondos”. Según las noticias publicadas” -continuaban los denunciantes las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se han estado invirtiendo en actividades de lucro propio para los directivos de la SGaE, bien con su participación directa bien con participaciones indirectas”.
Las asociaciones basaron su denuncia en informaciones publicadas por los medios en aquellas fechas. Estas informaciones apuntaban, entre otras denuncias, que la flial de la SGAE, Iber autor, “debe su facturación (que ha rondado los 10 millones de euros anuales entre 2002 y 2005) fundamentalmente a la SGaE, que aportó el 93% del total en 2004 y el 84% en 2005″. la factura de 2005, continuaba la información, “equivale al 3,4% de todo el dinero recau-dado ese año por la SGaE como derechos”.
Otra de las fliales de la SGaE, la Sociedad Digital de autores y Editores (SDaE), “obtiene el 99% de su facturación de la SGaE”, según señalaban las informaciones.
Asimismo, la denuncia afirmaba con base en las mismas noticias publicadas en prensa que “junto al entramado societario de la SGaE existen compañías que no cuelgan de la gestora, pero comparten directivos, domicilio social y en algunas ocasiones incluso el teléfono de contacto”. La principal, apuntaban las informaciones, “es Microgénesis”, entre cuyos negocios está “la gestión de los portales de venta de música Latinergy, Museekfazz, Egrem y Nubenegra”. Entre sus proyectos, proseguían, “según su página web, está el sistema Teseo (proyecto de la SGaE) o la Central Digital (web de Portal latino)”. “Microgénesis, Coqnet, la Central Digital y Portal latino, entre otras, han compartido sede en Gran Vía 36 durante años”. los denunciantes entienden que este entramado del que se hicieron eco los medios “pone de manifesto la relación directa entre socios de la SGaE y negocios de clara naturaleza lucrativa”.
Manos atadas
Hasta que la Fiscalía no responda algo a los denunciantes, éstos no pueden emprender otro tipo de actuaciones judiciales. De mantenerse la actitud de silencio de la Fiscalía anticorrupción, el delito correría peligro de prescribir, según fuentes jurídicas consultadas por la Gacetaa. Desde 1999 hasta hoy, la SGaE ha multiplicado por 50 su recaudación. De los 2,2 millones que ingresó hace una década ha pasado a superar los 100 millones de euros de recaudación.
La Asociación de Internautas consideró al poner en conocimiento del fiscal los hechos que “una investigación ordenada (…) podría concluir que el actual sistema de recaudación y gestión de beneficios económicos de la SGaE, estaría permitiendo que socios y directivos pudieran obtener beneficios millonarios”.
Encargo del Congreso a la GAO
Las cifras de la ‘piratería’, cuestionadas en Estados Unidos
ELMUNDO.es | Madrid
El Congreso de EEUU encargó hace un año a su Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), una suerte de auditora para la Cámara, una investigación sobre la ‘piratería’ y su efecto en la economía estadounidense.
Un año más tarde, el ‘brazo auditor’ del Congreso sigue sin tener claros algunos extremos.
En un informe(PDF), la GAO llega la conclusión de que la ‘piratería’ (física y digital) lastra la economía de EEUU, disminuye los ingresos fiscales los debido al fraude e incluso y en algunos casos puede amenazar la seguridad nacional y la salud pública.
El problema es, según la GAO, que los datos utilizados para cuantificar la ‘piratería’ digital no son fiables. O son muy poco fiables.
Y precisamente la cuantificación de la ‘piratería’ es el principal origen de este estudio, que no sólo abarca música digital, películas y ‘software’, sino otros bienes como juguetes, ropa, piezas de automóviles e incluso medicinas.
En el informe, que en todo momento indica que la ‘piratería’ es un problema grande y dañino, se pone de manifiesto que existen problemas en la metodología utilizada en determinados estudios que culpan sobre todo a la ‘piratería’ de ser destructiva para sus negocios, en lo que parece un duro -e inesperado- revés para las industrias audiovisuales.
Es más, la oficina incluso ha destacado la existencia de datos que muestran cómo la ‘piratería’ incluso puede beneficiar a los consumidores, en ciertos casos (como el disfrute de bienes que ya no están a la venta), después de recopilar documentación y entrevistas sobre el asunto.
En cualquier caso, la GAO presenta el problema de la ‘piratería’ como un hecho que causa más mal que bien
La SGAE ha cobrado a la UVa más de 200.000 euros desde la implantación del canon digital
La Asociación para la Defensa de los Derechos de los Estudiantes (ADDE) elabora un estudio en el que toma los datos de los propios presupuestos de la Universidad de Valladolid
Redacción
La Universidad de Valladolid se ha visto obligada a abonar a las entidades de gestión de derechos de autor un total de 177.925 euros, cantidad a la que habría que sumar el IVA, con lo que el total de la cuantía se eleva a 206.393 euros, según un estudio de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Estudiantes (ADDE).
Este informe, que surge del análisis de las partidas presupuestarias de la institución académica de los últimos años, concluye que la universidad ha tenido que abonar 31.728 euros por la organización de sus actividades culturales (representaciones teatrales, videoforums, conciertos musicales, etc.), mientras que un total de 174.664 euros corresponden al canon que grava la adquisición de equipamientos informáticos, así como soportes de grabación digital (pendrives, CDs y DVDs), lo que supone el 85% del total.
Equipos informáticos. Por conceptos, la Universidad de Valladolid tuvo que satisfacer 113.122 euros por la adquisición de equipos informáticos, 26.881 por la compra de dispositivos de digitalización, copia e impresión; 17.928 por discos duros externos y servidores; 1.417 por grabadores y reproductores de vídeo y audio, así como 19.323 por las memorias USB, CDs y DVDs utilizados durante este tiempo, según informaron a Europa Press fuentes de ADDE.
El canon digital, implantado desde la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual, obliga a abonar a particulares, empresas e instituciones 3,95 euros por cada grabadora de DVD, 13,9 por cada disco duro (actualmente ninguno del mercado cumple los requisitos de exclusión) y entre 9,2 y 263 euros por la compra de impresoras, escaners y fotocopiadoras.
Asimismo, cada memoria USB empleada en la universidad supone un sobrecoste de 0,35 euros por unidad, mientras que CDs y DVDs soportan un gravamen de entre 0,2 y 0,69 euros cada uno.
En lo que a tarifas por “comunicación pública de obras” se refiere, la Universidad está obligada a abonar el 10% del coste de organización de cada evento musical o teatral o 16,54 euros por cada película o documental proyectada de forma gratuita en las aulas.
Hasta las tunas. “De la voracidad de las entidades de gestión de los derechos de autor”, tal y como recuerda ADDE a través del citado comunicado, no se libran ni las tunas universitarias, ya que como así denunciado recientemente el Consejo Nacional de Tunas, la SGAE está exigiendo el repertorio de estos grupos para aplicarles la tarifa correspondiente.
Los más de 175.000 euros que, de forma directa o indirecta, ha tenido que pagar la institución académica vallisoletana a entidades como la SGAE, equivalen a casi el doble del presupuesto anual conjunto de las Cátedras de cine, música, teatro, Jorge Guillén, Miguel Delibes y todo el subprograma de recursos y medios audiovisuales de la Universidad, el presupuesto anual del servicio de las telecomunicaciones e informática, así como el de los sistemas internos de garantía de la calidad para adecuar la UVA al marco de Bolonia y casi el triple del presupuesto anual de las asociaciones de alumnos de la UVA.
Los consumidores responden: las actuales normas ‘anti-piratería’ son “una aberración”
La Federación de Asociaciones de Consumidores Internacional ha lanzado un estudio a nivel mundial para analizar el estado actual de las legislaciones ‘anti-piratería’ y la principal conclusión es que la mayoría de los países antepone a las “grandes empresas” frente a los usuarios.
Facua, RedSostenible y eXgae presentaron este lunes un estudio en el que varios expertos han analizado la situación legal de los derechos de autor en 34 países, a través de 60 criterios, en respuesta a la cumbre de ministros europeos de telecomunicaciones que tiene lugar en Granada. El objetivo de este documento es el de servir de alternativa a los dirigentes europeos al informe ‘oficial’ de piratería, bajo el título de ’301′.
“Las reglas actuales sobre la realización de copias privadas son una aberración, porque los consumidores pagan hasta tres veces por usar el mismo contenido una sola vez”, recoge el texto en alusión a un informe de una asociación de consumidores italiana. Según sus cálculos, en el país transalpino una familia media gastará 100 euros extras debido a un nuevo Real Decreto en materia de derechos de autor.
En el texto, al que tuvo acceso ‘Portaltic.es’, resultan como países mejor valorados India, Líbano, Israel y Estados Unidos, gracias a sus “amplias” políticas relativas a la copia de materiales “con diversos fines”.
En este sentido, el informe recuerda que en Estados Unidos e Israel existe excepciones para las copias privadas conocidas como ‘uso justo’, mientras que en Líbano la legalidad de las copias no están limitadas “sólo al ámbito de la educación”, sino al uso del material “con fines recreativos”.
Por el contrario, Chile, Jordania y Reino Unido son los tres países con peor valoración de la lista. En el caso de España, se encuentra en mitad de la lista e incluso se menciona a este país entre los que ofrecen un importante apoyo a modelos de negocios “alternativos”.
“Si los consumidores han de pagar por el privilegio de hacer copias privadas –que puede ser una buena idea, cuando se administra de forma justa– es importante que reciban una buena relación calidad/precio”, afirma la asociación Consumer International.
Canadá y China aparecen como los principales países con propuestas alternativas a las medidas habituales. Así, en el primer caso apuntan a una “licencia voluntaria general”, a cambio de una tarifa mensual a determinar mediante proceso judicial.
RADIOHEAD Y NINE INCH NAILS
Por su parte, el documento destaca como en el país asiático la fililal china de Warner ha ofrecido películas en DVD días después de su estreno por “menos de un par de dólares”. El informe también destaca otras iniciativas de grupos musicales como Nine Inch Nails o Radiohead, que “han sacado provecho” de la descarga libre.
Los impuestos sobre la realización de copias privadas, la campañas de respuesta graduada contra usuarios de Internet y la puesta en marcha de las tecnologías de gestión de derechos digitales –conocidas como DRM– suponen las principales “preocupaciones” de esta asociación de consumidores.
“Los derechos económicos y civiles de cada ciudadano y ciudadana, especialmente el de libertad de expresión, información y comunicación se ejercen hoy a través de las redes de telecomunicaciones. Son los gobiernos los encargados y responsables de garantizarlos, independientemente de si esto incrementa el negocio de unas empresas o de otras o de si esto implica crear redes públicas”, manifiestan las asociaciones encargadas de la presentación del estudio.
PRESIONES DE LA INDUSTRIA
Por otra parte, criticaron la falta de participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas de telecomunicaciones, así como las “presiones” de la industria sobre Bruselas para priorizar sus intereses en detrimento de los clientes.
Coincidiendo con la celebración en Granada de la reunión informal de ministros de telecomunicaciones de la Unión Europea, las organizaciones advirtieron que la ‘Europa Digital’ no puede diseñarse sin contar con la participación de los ciudadanos e instaron a Bruselas y a los gobiernos de los Estados miembros a escuchar a los consumidores y “no sólo” a las empresas de telecomunicaciones.
En concreto, las asociaciones se refirieron a la ‘tasa Google’, nombre con el que se conoce el requerimiento por parte de las operadoras para exigir a los prestadores de servicios que les paguen por el uso de sus redes, recordando que los prestadores de servicios no son sólo “macroempresas” como Google.
En este sentido, afirmaron que una tasa de este tipo “podría excluir o limitar” la presencia en la red de las pequeñas empresas o de los ciudadanos que alojan contenidos sin ánimo de lucro a favor de las grandes multinacionales.
Asimismo, las agrupaciones exigieron que Bruselas fije una tarifa para el acceso a Internet en ‘roaming’ y que los gobiernos de los Estados miembros establezcan precios regulados “asequibles” para los servicios de voz, datos y acceso a Internet en telecomunicaciones tanto fijas como móviles.
http://www.portaltic.es/